La concentración reivindicativa, organizada por UPA-AIA Illes Balears, Cooperativas Agro-alimentarias de las Illes Balears y ASAJA-BALEARS, reclama soluciones a la grave problemática que vive el sector, motivada por la incertidumbre de la PAC, el aumento de los costes y la competencia desleal que pone en riesgo a la agricultura.
Palma, 29 de enero de 2026.– El sector agrario balear se ha vuelto a movilizar hoy en Ariany, con una concentración reivindicativa que ha reunido a unas 200 personas y cerca de 150 tractores y vehículos agrícolas de gran tonelaje, procedentes de distintos puntos de la isla como Campos, Petra, Sineu, Maria de la Salut, Manacor, sa Pobla y Muro, entre otros municipios.
La movilización, convocada por las organizaciones profesionales agrarias UPA-AIA y ASAJA-BALEARS, y Cooperativas Agro-alimentarias de las Illes Balears, se ha desarrollado a lo largo de la mañana en la zona del Restaurante Ses Torres, donde se ha llevado a cabo una lectura pública del manifiesto con las principales demandas del sector.
La lectura ha corrido a cargo de Joan Company, presidente de ASAJA-BALEARS; Joana Mascaró, en representación de UPA-AIA; y Jerònia Bonafé, por parte de las Cooperativas Agroalimentarias.
PAC, Mercosur y rentabilidad: los ejes de la protesta
Durante el acto, el sector ha alertado especialmente sobre la incertidumbre que rodea a la futura Política Agraria Común (PAC post-2027).
Las organizaciones han denunciado que la nueva PAC deja de ser una política realmente común, abre la puerta a la competencia desleal entre Estados miembros y prevé importantes recortes del presupuesto agrario europeo, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.
Otro de los puntos centrales del manifiesto ha sido el rechazo al acuerdo UE-Mercosur, que permite la entrada de productos agroalimentarios producidos con normas sanitarias, ambientales y laborales inferiores a las exigidas en la Unión Europea.
El sector denuncia que los controles fronterizos son claramente insuficientes y que esta situación genera una competencia desleal que afecta a sectores clave del campo balear, además de suponer un riesgo para la seguridad alimentaria.
Finalmente, las organizaciones han puesto el acento en la pérdida de rentabilidad del sector, marcada por el aumento continuado de los costes de producción, la creciente burocracia y los sobrecostes derivados de la insularidad, como el transporte o el encarecimiento de los insumos. También han advertido del cierre de industrias agroalimentarias y de la falta de reconocimiento de las externalidades positivas del producto local, como su menor huella de carbono.
Reclamación de soluciones reales
El sector agrario ha reclamado una PAC con presupuesto propio y suficiente, una simplificación administrativa real, compensaciones por los sobrecostes de la insularidad, reciprocidad efectiva en los acuerdos comerciales y un apoyo decidido a la industria agroalimentaria, especialmente a cooperativas y SAT.
Las organizaciones convocantes han valorado positivamente la participación y han advertido de que el campo balear continuará movilizado si no llegan respuestas concretas que garanticen el futuro de la agricultura y la soberanía alimentaria de las Illes Balears.
DEMANDAS DEL SECTOR AGRARIO
1. PAC POST 27 (PAC 2028–2034)
Problema
- La PAC deja de ser una Política Común, permitiendo que cada Estado miembro la diseñe a su manera, lo que genera competencia desleal y rompe la unidad del mercado.
- Fuertes recortes en el presupuesto agrario europeo destinado a la PAC.
- Falta de claridad en la financiación y riesgo de que la PAC quede diluida en presupuestos globales.
- Normativa compleja y dispersa.
- Falta de un reconocimiento real de la insularidad y de sus sobrecostes.
- Ausencia de políticas comunes para hacer frente a los efectos del cambio climático en los cultivos y en la sanidad animal.
¿Qué reclamamos?
- Una Política Agraria realmente común, no una carta blanca para los Estados miembros.
- Una PAC con presupuesto propio y suficiente (400.000 M€), no diluida entre otros fondos europeos o nacionales.
- Un único reglamento de aplicación de la PAC y una simplificación real de su implementación.
- Aumentar el límite de la regresividad (elevar el umbral a partir del cual comienzan los recortes de ayudas).
- Reconocer la excepcionalidad insular de Baleares.
- Que las inversiones en la industria agroalimentaria se incluyan dentro de las medidas para el sector, especialmente para cooperativas y SAT.
- Puesta en marcha y mayor coordinación de medidas preventivas frente a enfermedades del ganado y plagas en los cultivos.
2. MERCOSUR (Reciprocidad y seguridad alimentaria)
Problema
El acuerdo UE–Mercosur permite la entrada de productos:
- Con normas sanitarias, de bienestar animal, ambientales y laborales inferiores.
- Producidos con sustancias prohibidas en la UE.
- Controles fronterizos insuficientes: solo se inspecciona el 0,0082 % de las importaciones agroalimentarias.
- Competencia desleal que afecta a sectores clave: vacuno, cítricos, arroz, apicultura, ganadería extensiva, frutos secos y sector lácteo.
- Riesgo para la salud del consumidor y la seguridad alimentaria.
- Balanza comercial muy deficitaria para España.
¿Qué reclamamos?
- Reciprocidad real: las mismas normas para producir aquí que para importar desde fuera.
- Rechazo del acuerdo UE–Mercosur en su formulación actual.
- Controles fronterizos más eficaces y garantías sanitarias reales.
- Protección del consumidor europeo frente a productos con estándares inferiores.
- Cláusulas de salvaguarda eficaces ante problemas de mercado.
3. RENTABILIDAD (Costes, burocracia e insularidad)
Problema
- Incremento de los costes de producción (fertilizantes, energía, insumos).
- Burocracia creciente que resta tiempo y competitividad.
- Sobrecostes derivados de la insularidad: elevados costes de transporte, insumos más caros y menor competitividad.
- Cierre de industrias agroalimentarias.
- La menor huella de carbono de los productos locales no se reconoce ni se compensa.
¿Qué reclamamos?
- Simplificación administrativa real.
- Compensaciones por los sobrecostes de la insularidad.
- Incentivos a la producción local y de proximidad.
- Reducción de los costes fiscales de los insumos agrarios.
- Reconocimiento institucional de las externalidades positivas del sector.
- Apoyo a la industria agroalimentaria, especialmente a cooperativas y SAT.