El tomate español, “actividad esencial” en peligro de extinción

Por Ángel Villafranca Lara, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España

El tomate, es un cultivo amenazado. Sus cifras de comercialización son aún muy importantes. Pero, si recorremos la curva de su superficie de producción en los últimos años, o si recordamos, por ejemplo, la experiencia de la judía en Almería, o si analizamos los planes de expansión de Mohamed VI para la hortofruticultura de Marruecos a 2030, da vértigo.

En la actualidad, el principal factor de competitividad de este sector es la competencia de producto llegado desde terceros países, especialmente, desde Marruecos y amparado por el “Acuerdo UE-Marruecos”. Sus exportaciones coinciden plenamente con nuestro calendario de producción y concurren en nuestro mercado principal (el europeo) en condiciones muy ventajosas. Ello, gracias a unos menores costes de mano de obra, y a la mayor permisividad en el manejo fitosanitario y medioambiental del cultivo en ese país que conlleva también una reducción de costes. Mientras que las exportaciones de Marruecos a la UE se han más que duplicado en lo que va de siglo, las exportaciones a ese mercado desde Almería, mayor exportadora de tomate española, han caído un 20% en los últimos cinco años.

Las condiciones de exportación desde Marruecos a la UE están reguladas por el “Acuerdo de Asociación”. Éste -en el caso del tomate- conlleva la aplicación de determinadas medidas en atención (teóricamente) a la sensibilidad de este producto y dirigidas a asegurar cierto nivel de preferencia comunitaria: sistema de precios de entrada para definir en su caso derechos específicos; pago de derechos ad valorem para las cantidades que sobrepasen el contingente libre de arancel de 285.000 toneladas (que se calculó -teóricamente- para preservar su corriente tradicional de exportación).  Además, este acuerdo prevé una cláusula de salvaguardia que permitiría adoptar medidas en caso de grave perturbación del mercado o perjuicio al productor.

Sin embargo, la realidad es que ninguna de estas disposiciones está siendo efectiva. El mecanismo de precios de entrada es ineficaz, en la medida en que no diferencia entre el valor del tomate redondo y las especialidades, con cotizaciones muy diferentes. O sea, no existe en la práctica un precio mínimo garantizado. El derecho ad valorem que se aplicaría a las importaciones que superan el cupo, por una parte, está muy rebajado; y, ni, aun así, existe constancia de que la UE esté recaudando los correspondientes aranceles. O sea, no existe un tope a la entrada sin arancel de tomate marroquí. Finalmente, a pesar de la grave crisis del sector debida a la presión de las importaciones, nunca se ha desencadenado la cláusula de salvaguardia. Es decir, el tomate marroquí entra en la UE a cualquier precio, en cualquier cuantía y caiga quien caiga.

Como consecuencia de estas circunstancias, la exportación de Marruecos a la UE -a precios que no permiten competir a la UE- no ha hecho más que crecer en los últimos años, hasta casi duplicar en 2020 el contingente con más de 500.000 toneladas exportadas.  De resultas y al mismo ritmo, los precios en la UE se desploman hasta niveles que no cubren los costes de nuestros productores, el cultivo se abandona, y la cuota de mercado del principal país productor, España, decrece año tras año. Y para mayor gravedad, el traslado de superficies hacia otros cultivos alternativos podría perturbar el equilibrio de éstos.

No digo nada nuevo, ni que no sepamos todos, sector y administración. Cada vez que se ha intentado retocar los textos normativos para que la aplicación del régimen de entrada acordado se cumpla, Marruecos ha chistado y la administración se ha achantado.  Desgraciadamente, las instituciones comunitarias y españolas siguen mirando hacia otro lado, y lejos de corregir este agravio, últimamente han añadido otros agravantes.

Primero, en el marco de la negociación del Brexit, la UE y los Estados miembro han eludido renegociar y recalcular los contingentes de los acuerdos bilaterales de la UE, tras la salida de la UE del Reino Unido, como hubiera correspondido, por coherencia con el criterio que obligó a ampliar dichos contingentes, en el pasado, cuando se incorporaron a la UE nuevos Estados miembro. ¿Por qué? Simple: “no vaya a ser que Marruecos se enfade”, “no vaya a ser que los intereses comerciales de algún Estado miembro se lesionen”. ¿A costa de quién? Del sector hortofrutícola español.

Segundo, en el momento de desplegar las disposiciones medioambientales derivadas de la “Estrategia de la Granja a la Mesa” de la que llevamos hablando un año, las iniciativas políticas son asimétricas y absolutamente gravosas para nuestros productores. Cuando se trata de condicionar la actividad de los productores europeos imponiendo nuevas exigencias medioambientales, restricciones y sobrecostes, las disposiciones se aplican sin titubeos e inmediatamente, sin previo estudio de impacto y sin tener en cuenta los enormes esfuerzos desarrollados desde hace décadas por el sector europeo para reducir el uso de fitosanitarios o fertilizantes. Pero, cuando se ha tratado de aplicar el principio de la “Transición global”, (según la cual los países importadores a la UE deberían atenerse a los mismos estándares de producción sostenible que los productores europeos), el ritmo es otro. Hemos tenido una prueba de ello muy recientemente, en el marco de la negociación de la futura PAC, cuando se ha planteado legislar al respecto (incluyendo un artículo en los reglamentos sobre la reciprocidad), las enmiendas presentadas para ello han sido desgraciada y rápidamente desestimadas y sustituidas por una “declaración política” que “insta a la Comisión a que analice las fórmulas que podrían permitir a la UE garantizar que los productos importados cumplen los estándares europeos”. ¿Por qué? Simple: “no vaya a ser que Marruecos se enfade”, “no vaya a ser que los intereses comerciales de algún Estado miembro se lesionen”, o “que nos aperciba la OMC”. ¿A costa de quién? Del sector hortofrutícola español.

Quiero en esta ocasión no solo llamar la atención sobre el abandono de este sector en concreto, sino la hipocresía de nuestras instituciones. En efecto, con sus declaraciones políticas, la UE -a través del “Pacto Verde” y la “Estrategia de la Granja a la mesa”- se erige en defensora de la agricultura medioambientalmente sostenible en la UE y en el mundo;  declara promover el consumo de cercanía y perseguir la garantía de abastecimiento del mercado de la UE sin dependencia del exterior (valor en alza, después del Covid) o reconoce la vulnerabilidad de la renta de los productores europeos y la necesidad de  promover el desarrollo rural o la fijación de población en  las zonas de producción europeas. Pero en la práctica, con sus actos, sacrifica a este sector y favorece el desarrollo del cultivo en zonas del mundo, con estándares de calidad social y medioambiental muy inferiores a los europeos. Con ello, favorece la deslocalización; provoca mayor dependencia alimentaria del exterior y agrava la presión de la actividad agraria sobre el planeta.

Somos conscientes de las razones geopolíticas que mantienen a las administraciones públicas -europea, española- maniatadas e incapaces de cumplir con sus propias reglas y principios. Aunque me pudiera creer que la política de cooperación de la UE con Marruecos beneficia al desarrollo de su población local (y que no enriquece solo a grandes inversores europeos o al propio Rey de Marruecos); ni aun desentendiéndome de las condiciones laborales y medioambientales de la explotación agraria en los terceros países con los que competimos; no puedo aceptar ni entender el abandono de este sector y la falta de coherencia política de nuestros gobiernos. Menos aún en estos tiempos en los que todos se han prodigado en alabanzas y atributos hacia nuestro sector (“esencial”, “estratégico”, “resiliente”).

Si solo fuera el tomate… pero la misma incoherencia y desamparo la resienten las producciones de sandía, o los productores y cooperativas de cítricos que se enfrentan a las importaciones de Sudáfrica y tantos otros.  Me he referido a la responsabilidad de las administraciones, pero es necesario poner también el foco en la responsabilidad y la coherencia del comercio, de los clientes y consumidores, para que, en la etiqueta, miren precio y calidad, miren calorías, pero miren también el ORIGEN.

 

Ángel Villafranca Lara

Presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España.