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Jerónima Bonafé Ramis, presidenta de Cooperativas Agro-alimentàries Illes Balears, presidenta de AMCAE y vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Mujeres del COPA-COGECA.
Esta semana el Parlamento Europeo ha votado por mayoría el informe sobre la Estrategia de la Granja a la Mesa, un estudio en el que analiza el impacto que tendrá la nueva Política Agrica Común (PAC), que va encaminada a la mejora de la sostenibilidad económica y medioambiental del actual sistema alimentario. La PAC introduce el concepto de ecoesquemas que suponen un nuevo régimen de pago para promover la protección del Medio Ambiente y el clima. Se trata de prácticas bonificables voluntarias que buscan incrementar la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones.
Desde Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears valoramos aspectos positivos de la misma, entre ellas el papel fundamental de las cooperativas como instrumento esencial para incrementar el valor añadido de los productos de los agricultores, mejorando su posición en la cadena de valor. Pero entendemos que se realizan una serie propuestas que ponen en peligro la soberanía alimentaria de la UE, y por tanto de territorios tan sensibles como nuestras islas.
Según este estudio del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, algunas de las medidas enfocadas a hacer más sostenibles las explotaciones agrícolas implicarán importantes reducciones en los rendimientos de la producción agraria de la UE. Estas reducciones vendrían acompañadas de un incremento en los precios que no se repercutirían en el productor ya que éste sufriría un aumento aún mayor de sus gastos.
Además, en él se reconoce que, por sí sola, la PAC no conseguiría una reducción global en la emisión de gases de efecto invernadero. Ello se debe a que el déficit de producción en la UE se trasladaría a terceros países en los que no se garantizan las medidas medioambientales que promueve la PAC.
Sería necesaria una estrategia global para que las medidas tuvieran un efecto real en la reducción de gases de efecto invernadero y en la utilización de fitosanitarios, entre otros. Mientras que no se exija a terceros países las mismas condiciones que se aplican en la UE, solo se estará exportando la contaminación, aumentará la dependencia alimentaria y se reducirá la exportación de alimentos. Esto no beneficia al consumidor de la UE, que encuentra los comercios productos con dobles estándares, los marcados por la UE y los de los terceros países. Los esfuerzos de los agricultores y cooperativas europeas no se traducirían en beneficios medioambientales globales.
En el caso de las islas, algunas de las medidas enfocadas a la sostenibilidad y a la reducción en la huella de carbono que fomenta la PAC son de difícil aplicación, lo que puede provocar que muchos agricultores se queden fuera de las ayudas. Además, el sector ganadero ve cuestionado su papel en la nueva PAC, promovida por algunos grupos de presión. El rol de la ganadería extensiva es fundamental en las islas.
La PAC representa alrededor de un tercio del presupuesto de la UE, lo que supone un gran esfuerzo por parte de toda la ciudadanía europea. Nos parece vital que ese esfuerzo sirva para el mantenimiento de la actividad agraria de las Illes Balears, no solo desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental, sino des del punto de vista económico y social. La pandemia ha demostrado la importancia de tener un sector agroalimentario eficiente. Poner en marcha estas propuestas de la Estrategia de la granja a la Mesa sin tener en cuenta el estudio de impacto ponen en peligro el sector agroalimentario de las islas y de toda la UE.