Manifiesto conjunto de las organizaciones profesionales agrarias respecto a la nueva ley agraria

1. El anteproyecto de ley agraria es una ley necesaria para el sector. Las entidades agrarias y cooperativas hemos aportado (y seguimos aportando) propuestas para mejorarla y contar con un buen marco legislativo que defienda los intereses del campesinado de las Islas Baleares.
2. El objetivo final es tener un texto lo más consensuado posible entre el propio sector agrario (OPAs, Cooperativas, Asociaciones) y que, en su desarrollo, hayan participado activamente los profesionales más vinculados al sector y la Administración Autonómica.
3. Queremos una ley moderna, en total sintonía con la nueva PAC, que ayude a las explotaciones en dificultades a hacerse más viables. Y, al mismo tiempo, una ley que defina, impulse y dé protección a la pequeña explotación familiar o tradicional y a las explotaciones asociativas cooperativas.
4. La ley debe reconocer y dignificar el papel que desempeña el campesinado y el impacto social, económico, ambiental y cultural que genera. Somos el sector económico que gestiona más superficie: más del 80% del territorio insular.
5. La ley debe fomentar el cooperativismo agroalimentario y sus actividades como motor fundamental para la mejora de la posición del agricultor dentro de la cadena de valor, a través de las economías de escala, la organización de la producción, su transformación y la puesta de sus productos en los mercados.
6. La nueva ley debe proteger de forma efectiva los recursos naturales, el medio ambiente, el territorio y el paisaje, y al mismo tiempo debe permitir los usos agrarios propios del suelo rústico.
7. La ley también debe impulsar la gestión y el aprovechamiento forestal sostenible y el aprovechamiento de los subproductos y productos derivados agrarios, apostando decididamente por la biomasa.
8. La ley debe regular la actividad agraria desde un punto de vista agrario y establecer medidas de priorización de los usos agrarios frente a otros usos impropios en el suelo rústico, estableciendo, si fuera necesario, compensaciones para el sector primario ante la implantación de usos no agrarios.
9. La nueva ley debe volver a determinar que los USOS AGRARIOS son siempre USOS ADMITIDOS en el suelo rústico, ya que entendemos que no hay nada más natural que hacer agricultura en el suelo rústico. Estos usos y actividades deben contar con la protección de las administraciones.
10. La ley debe impulsar y facilitar la realización de actividades complementarias agrarias, con el fin de procurar el mantenimiento de la actividad agraria y la viabilidad de las explotaciones, pero siempre asegurando el mantenimiento y desarrollo de una actividad agraria real lo más profesionalizada posible.
11. La ley debe impulsar la transformación de la producción agraria y promover la agroindustria, en especial las cooperativas y SAT, como sector productivo. Las almazaras, bodegas, obradores e infraestructuras similares diversifican la economía y contribuyen a mejorar el tejido socioeconómico local.
12. La comercialización del producto local es vital y así debe impulsarlo la ley en todas sus modalidades, incluida la venta directa y la venta a través de las cooperativas y SAT como el mejor canal de comercialización para las pequeñas explotaciones.
13. La ley debe impulsar y fomentar la formación, la investigación, el desarrollo, la innovación, la digitalización y la recopilación de datos y recursos estadísticos en el sector agrario como elementos esenciales en la adaptación al cambio climático y en el intento de mitigar sus efectos.
14. La ley debe dar un claro impulso a los modelos asociativos de producción, como el cooperativismo o las SAT, como elementos vinculados al territorio y piezas clave en la comercialización y la transformación.
15. La ley debe reconocer el hecho insular y compensar los sobrecostes y efectos negativos que este genera para poder competir en igualdad de condiciones con el resto del Estado.
16. La ley debe obligar al Gobierno y a todas las Administraciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a legislar de manera que la actividad agraria y agroalimentaria se pueda llevar a cabo, a consignar en sus presupuestos las dotaciones económicas suficientes para cofinanciar la Política Agraria Común, incluido el fondo FEADER, el Plan de Desarrollo Rural, la Política Agraria Nacional y la propia de la CAIB, y a las demás administraciones a tener en cuenta el mundo rural en sus normativas.
17. La ley debe simplificar la relación de los agricultores con la Administración Agraria, eliminar trabas administrativas innecesarias como la Declaración de Interés General y favorecer el acceso a la actividad agraria.
18. Se deben fomentar de forma efectiva las buenas prácticas agrarias y de bienestar animal, la conservación de los recursos genéticos autóctonos y las técnicas agrícolas que mejoran la calidad del suelo y del medio ambiente.
19. La ley debe impulsar la implementación de energías renovables en el sector agrario tanto para autoconsumo como para generar ingresos complementarios en las explotaciones agrarias, tal como permiten las nuevas directrices de la PAC. La reutilización de las aguas regeneradas para la producción de alimentos es un elemento esencial de la economía circular de todas las Islas.
20. La ley debe permitir que las explotaciones agrarias, las cooperativas agrarias y las SAT que tienen trabajadores temporeros puedan instalar en sus explotaciones soluciones de alojamiento temporal mientras dure la contratación. Estas deben cumplir las normativas vigentes de seguridad y salud, y disponer de los correspondientes sistemas de tratamiento de agua.

En estos momentos, la gran mayoría de propuestas ya están recogidas en el texto presentado; otras aún deben desarrollarse y algunas deben incluirse. Por eso, seguimos trabajando para conseguir una ley del sector y para el sector, y no consideramos adecuado que otros sectores ajenos al mundo del campo quieran marcar cuál debe ser el futuro de los agricultores, ganaderos y cooperativas de las Islas, y mucho menos aquellos que durante años se han beneficiado directamente de los beneficios sociales, ambientales y paisajísticos creados y mantenidos por el sector primario, sin haber contribuido de forma decidida a su supervivencia.